SME, el dilema de las liquidaciones, gobierno: México

7 11 2009

Redacción: Arturo Alcalde Justiniani. La Jornada. UNAM.

Uno de los elementos claves de la estrategia gubernamental al dar el golpe a los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro (LFC) consiste en convencerlos de aceptar el pago de sus liquidaciones para dar por terminadas las relaciones laborales. Este proceso está calculado para concluir en un periodo corto: alrededor de un mes. El plazo concluye el próximo 13 de noviembre y todo indica que no logrará su objetivo si los trabajadores durante la siguiente semana valoran con objetividad sus alternativas y posibilidades.

La aceptación de las liquidaciones es un aspecto de máxima importancia para los fines gubernamentales, ya que es la única vía para minimizar la protesta. Culminar con este proceso indemnizador sirve también para impedir que se conozca la verdad jurídica sobre los actos ilegales llevados a cabo, que corren el riesgo de ser revertidos por los tribunales de amparo, toda vez que se ha acreditado la violación de normas constitucionales y legales, tanto en el decreto presidencial como en el masivo despido de los trabajadores.

Además de los factores legales, existen otros motivos por los cuales el gobierno está urgido de que los trabajadores estampen de puño y letra su rendición. Requieren regularizar el servicio, pues sus fallas han generado afectaciones importantes a familias y empresas; para ello, necesitan volver a contratar a los empleados que operaban las antiguas plantas, ya que las compañías privadas subcontratadas, además de ser sumamente costosas, carecen de la capacidad técnica adecuada. Todo esto explica el interés gubernamental de abrir una vía falsa de interlocución, a través del disidente Alejandro Muñoz, haciéndole ofertas que puedan debilitar la resistencia; utilizar sus servicios será más importante cuando quede acreditado el fracaso de la estrategia liquidadora. Podría agregarse una razón adicional a las anteriores: culminar el impacto mediático del descontón gubernamental. A medida que transcurre el tiempo, se van develando nuevos elementos, más allá de los técnicos y económicos, que exhiben la concurrencia de varios intereses que se ocultaron en su inicio a la opinión pública, tales como el proceso de privatización de diferentes áreas del servicio.

Es comprensible que los trabajadores electricistas se sientan angustiados y confundidos. La naturaleza repentina del golpe desestabiliza la economía familiar sustentada en ingresos permanentes. Para incrementar esta zozobra, el gobierno, abdicando abiertamente de su condición de árbitro, da cuenta a diario del número de empleados liquidados, como si se tratara de un parte de guerra. La desesperada urgencia de convencer a los electricistas de aceptar su liquidación lo ha llevado a ejercer graves violaciones a los derechos humanos. Para incrementar la confusión se informa la cantidad de pensionados que han recibido su pago, cuestión que en nada afecta a la resistencia laboral, ya que dicho cobro no conlleva consentimiento alguno sobre el decreto cuestionado. Los trabajadores que han recibido sus liquidaciones son aquellos que cuentan con menor antigüedad; haciendo cálculos y considerando el número de empleados que han acudido al amparo es previsible que un alto porcentaje se niegue a recibir el pago indemnizatorio.

Lee el resto de esta entrada »





SME convoca a paro cívico nacional, el decreto presidencial “rompió el pacto social”, acusan líderes sindicales y políticos

4 11 2009

Redacción:Rosa Elvira Vargas y Patricia Muñoz. Periódico La Jornada

La Corte debe reponer el orden que rompió Calderón con el decreto, demanda el SME

Con el decreto que extinguió a Luz y Fuerza del Centro (LFC), el presidente Felipe Calderón rompió el pacto social, el orden constitucional y, en los hechos, dio un golpe de Estado. La única forma de revertir este caos y mantener la paz en la República está en la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puntualizaron ayer los dirigentes sindicales, legisladores y líderes políticos participantes en una nueva concentración convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Foto

En ella, el SME ratificó su determinación de recuperar el próximo día 11, por la vía pacífica, las instalaciones de la paraestatal y alertó sobre la existencia de un plan para encarcelar en los próximos días a líderes del gremio.

La convicción de que con su movimiento, más allá de su fuente de trabajo, el SME está defendiendo al país y a la Constitución, fue expuesta por los diputados Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo y Pedro Jiménez, del PRD, PT y Convergencia, respectivamente, así como por Manuel Bartlett Díaz, del PRI, y por Bertha Luján, representante del Movimiento en Defensa de la Soberanía Nacional. Esto formó parte central del mensaje con el cual cerró el líder de los electricistas, Martín Esparza.

La Corte está para poner orden, de lo contrario, se rompe la República, se rompe el pacto social y observaremos que en adelante podrán sacar decretos para acabar con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, con el Seguro Social, con la educación para nuestros hijos. ¡Eso no lo podemos permitir!

Respaldo a la juez Coutiño

Convocado apenas la víspera, el mitin en el Monumento a la Revolución fue asimismo un acto público de respaldo a la autonomía y libertad de criterio de la juez de lo laboral Guillermina Coutiño Mata, quien ya otorgó al SME la suspensión provisional contra el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y el próximo viernes deberá resolver si otorga el amparo definitivo contra la medida presidencial.

Los electricistas denunciaron: Hoy se pretende pasar por encima del Poder Judicial y se ejerce el poder del presidencialismo contra una juez para que resuelva en favor del agravio que se pretende cometer contra los electricistas. Alertamos a la opinión pública, nacional e internacional, respecto de estas insensatas presiones contra la juez Guillermina Coutiño Mata y los invitamos a seguir de cerca el actual proceso que se sigue en las instancias judiciales.

Lee el resto de esta entrada »





El solitario de Los Pinos: México

2 11 2009

Revista: Proceso | Sección: Análisis

Redacción: MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Dos veces en una semana el presidente Calderón criticó a los grandes empresarios por su rala aportación a los ingresos públicos, y consiguió con ello agrias respuestas de los representantes del mando empresarial. Al mismo tiempo, enfrentaba una rebelión en la bancada senatorial de su partido con motivo de la Ley de Ingresos. Y se habría enajenado también la buena voluntad de su aliado necesario, el PRI.

Calderón decidió ponerse frente a los grandes consorcios. Lo hizo primero de un modo ambiguo, pues su proyecto de reformas al régimen de consolidación fiscal incluía la aplicación retroactiva del cobro de impuestos diferidos, en un diseño que podría ser combatido en los tribunales con una previsible posibilidad de éxito. O sea que pudo tratarse de una añagaza para justificar el incremento de impuestos y la aplicación de nuevos gravámenes sin que se le reprochara dejar intactos los privilegios de las grandes corporaciones.

Pero después, como si apenas hubiera leído la justificación de la enmienda al régimen fiscal de excepción, dio un giro político a esa inesperada posición del fisco, que documentó ante los diputados la grave iniquidad que genera el tratamiento tributario a las empresas que consolidan en una sola operación fiscal las pérdidas y ganancias de sus varias empresas (y con eso ahorran voluminosas sumas pues disminuyen su base gravable) y pueden diferir su pago.
En una reunión de alcaldes, en Puerto Vallarta, Calderón inició el 28 de octubre su exhortación a esos grandes contribuyentes –así se les clasifica formalmente– que no lo son:

“Se le exigió al gobierno federal reducir su gasto y reducirlo palpablemente. Yo pido ahora a muchos sectores que, precisamente, asuman su responsabilidad en la gravedad de las finanzas públicas y del momento nacional.
“Es fundamental que todos, todos los mexicanos –salvo los que menos tienen, lo que viven en la pobreza extrema y los que no tienen verdaderamente ingresos–, todos quienes tenemos en menor o mayor medida, podamos aportar al gasto nacional.
“Y si esto es obligado para cualquier ciudadano en términos de la Constitución y de la justicia, lo es más para quien más tiene y más ha recibido. Y si esto es obligado para las empresas que más ganan, es más obligado todavía para las empresas que más ganan y que rara, rara vez pagan impuestos en el país.”

Leer el resto del artículo ir a la fuente.

Fuente: Revista Proceso, Análisis. El solitario de Los Pinos